El precio de un producto es un factor crítico en la toma de decisiones de compra, y esto no es diferente en el sector farmacéutico. La importancia de exhibir los precios de venta al público (PVP) mediante etiquetas fijadas en cada artículo no solo es una práctica comercial, sino también una obligación legal.

Según el artículo 3.2. del Decreto 2807/1972, que regula la publicidad y el marcado de precios en la venta al por menor, el comprador debe tener la capacidad de conocer los precios de los productos desde el escaparate, sin necesidad de entrar al establecimiento, y también dentro del local, en anaqueles o armarios, sin requerir explicaciones adicionales por parte del vendedor.

Ignorar estas directrices puede llevar a infracciones que acarrean multas considerables, desde 200 hasta un millón de euros. Además, las farmacias pueden enfrentar inspecciones de comercio o denuncias particulares en caso de incumplimiento.

La entrada en vigor de la Directiva Ómnibus en mayo de 2022 agregó requisitos importantes que los establecimientos farmacéuticos deben cumplir. Cualquier promoción de reducción de precio debe incluir la expresión del precio anterior aplicado. La ley especifica que el precio de referencia debe ser el menor aplicado por el comerciante en los treinta días previos a la aplicación de la reducción de precio. Este aspecto, a menudo pasado por alto debido al desconocimiento, subraya la necesidad de una comprensión profunda de la normativa vigente.

Para evitar infracciones y prepararse adecuadamente, el farmacéutico debe familiarizarse con la Directiva Ómnibus y sus requisitos específicos. La falta de conocimiento no es una excusa válida, y la farmacia debe asegurarse de comunicar efectivamente los precios, evitando problemas legales y garantizando la confianza del cliente.

En la sesión formativa, se exploraron diversos canales para comunicar los precios, desde pegatinas en las cajas hasta sistemas de inyección y etiquetas electrónicas. Las etiquetas electrónicas, por ejemplo, no solo ahorran tiempo al farmacéutico, eliminando la necesidad de una pistola de etiquetado y cambios manuales de precios, sino que también ofrecen una solución eficiente para mantener la información actualizada.

Además, se mencionó la utilidad de los puntos de información, donde los clientes pueden escanear códigos para acceder de manera autónoma a la información de precios. Este enfoque no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también alinea la farmacia con las prácticas modernas de transparencia y accesibilidad de la información.

En conclusión, garantizar la transparencia en el etiquetado de precios en el sector farmacéutico va más allá de una simple práctica comercial; es un requisito legal esencial. La comprensión y la implementación adecuadas de las normativas, como la Directiva Ómnibus, no solo protegen a la farmacia de posibles infracciones y multas, sino que también construyen una base sólida de confianza con los clientes.

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